Este término se refiere al cumplimiento de normas, leyes, regulaciones y políticas internas por parte de una organización. En el contexto empresarial, compliance se refiere a la implementación de procesos y controles para asegurar que una empresa y sus empleados cumplan con todas las leyes aplicables, regulaciones, normas y estándares éticos. Todas las empresas en Chile, están obligadas a tomar medidas para cumplir con la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas.
La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Esto significa que las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos por sus empleados. Actualmente, la ley abarca tres delitos específicos: Lavado de Activos, Cohecho y Financiamiento del Terrorismo. Es crucial que las empresas implementen medidas de prevención y control interno para evitar la comisión de estos delitos y mitigar riesgos legales.
Esta ley aplica a todas las personas jurídicas de derecho privado y empresas del estado, incluyendo corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.
La ley a dispuesto las siguientes sanciones:
La compañía puede eximirse cumpliendo con los deberes de dirección y supervisión, tales como:
65% de los empleados ha presenciado al menos una mala conducta o falta en su entorno de trabajo.
Organizaciones con equipos altamente comprometidos ven aumentada su rentabilidad en un 23%.
59% de la fuerza laboral no se encuentra activamente comprometida con el trabajo.
Las faltas pueden ocasionar multas que van desde 200 a 20.000 UTM.
Cumple con la normativa legal vigente. La ley 20.393 de Responsabilidad penal para personas jurídicas exige
Contar con un canal de denuncia anónima efectivo es beneficioso para toda la organización, ya que refuerza una cultura de ética, fortalece la confianza del personal y previene incumplimientos legales.
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con mención en Derecho Civil e Historia Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2011. Título de abogado otorgado por la Excelentísima Corte Suprema, año 2013.
Diplomado en Derecho de Familia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2013.
Diplomado en Litigación Administrativa, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2016.
Diplomado en Derecho Laboral Administrativo y Sancionador, Universidad de Chile, año 2017.
Ayudante en la Cátedra de Clínica Jurídica, Sección de Derecho Público, años 2010-2012 y 2017, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Curso de Estatuto Administrativo, Pontificia Universidad Católica de Chile (2020).
Curso de Especialización Obligación de Seguridad y Derecho del Trabajo, Universidad de Concepción (2021).
Actualmente cursando Magíster de Derecho Constitucional, Universidad de Talca.
